Derecho

La obra que ahora presentamos, bajo el título «Diligencias de instrucción, entrada y registro, intervención de comunicaciones, valoración y revisión de pruebas en vía de recursos», es el tercer y último volumen de los «Estudios sobre prueba penal», impulsados desde el Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE-URL. Durante casi cuatro años un equipo de investigadores integrado por Magistrados y Profesores Universitarios expertos en Derecho Procesal Penal ha ido reflexionando sobre los temas más candentes en prueba penal y elaborando sus estudios doctrinales que han sido debatidos en sesiones de investigación.  Más información

La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, ordenó al Gobierno que en el plazo de seis meses aprobara un proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995, indicando además que dicha reforma debía contemplar «la atribución al orden jurisdiccional social, entre otras cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la Autoridad laboral en los procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales, reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores». Fruto de ese encargo es la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, cuya voluntad innovadora se pone de relieve en la derogación expresa del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral -del que Editorial Tecnos llegó a publicar dieciocho ediciones-y en la sustitución de esta clásica denominación por otra diferente. La presente edición, profusamente anotada y concordada, incluye las importantes modificaciones introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.Fruto de ese encargo es la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, cuya voluntad innovadora se pone de relieve en la derogación expresa del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral -del que Editorial Tecnos llegó a publicar dieciocho ediciones-y en la sustitución de esta clásica denominación por otra diferente. La presente edición, profusamente anotada y concordada, incluye las importantes modificaciones introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.La presente edición, profusamente anotada y concordada, incluye las importantes modificaciones introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Más información

Esta Teoría del derecho se concibe como Una concepción de la experiencia jurídica y, como tal, de la peculiar y personal respuesta de sus autores al cúmulo de temas, interrogantes y orientaciones que, convencionalmente, pueden incluirse bajo ese rótulo disciplinar. La obra pretende ser un interlocutor para los alumnos que inician los estudios de derecho, a los que desea informar y orientar sobre el status quaestionis de los principales problemas teórico-jurídicos e incitarles a proseguir y profundizar en su estudio. Para ello se ha buscado la máxima claridad expositiva. En aras también de esos presupuestos pedagógicos se ha recurrido, a veces, a casos o ejemplificaciones. Los autores de esta Teoría del derecho no comparten la actitud resignada que concibe la lucha por el derecho justo como un ideal quimérico sin sentido. Estiman, por el contrario, que la experiencia de la instrumentalización del derecho para el logro de objetivos inicuos no invalida, sino que estimula y apremia, el esfuerzo por vincular el derecho a aquellos valores que deben informar los sistemas normativos sociales para hacerlos dignos de los seres humanos. Los autores de esta Teoría del derecho no comparten la actitud resignada que concibe la lucha por el derecho justo como un ideal quimérico sin sentido. Estiman, por el contrario, que la experiencia de la instrumentalización del derecho para el logro de objetivos inicuos no invalida, sino que estimula y apremia, el esfuerzo por vincular el derecho a aquellos valores que deben informar los sistemas normativos sociales para hacerlos dignos de los seres humanos.  Más información

La presente colección de Acciones Civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ha modificado el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad, con el objeto de garantizar el interés privado y mercantil de los empresarios y profesionales que participan en el mercado y, en definitiva, mejorar la protección de los consumidores y usuarios. Dicha reforma, que ha supuesto una modificación sustancial de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal, otorga un tratamiento unitario a las acciones judiciales derivadas de la inobservancia de las reglas de la concurrencia en el mercado, así como las que regulan la publicidad. El legislador ha optado por una regulación homogénea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilícita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin así a la artificiosa distinción que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificación pretende, además, reforzar la legislación protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificación de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores.La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ha modificado el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad, con el objeto de garantizar el interés privado y mercantil de los empresarios y profesionales que participan en el mercado y, en definitiva, mejorar la protección de los consumidores y usuarios. Dicha reforma, que ha supuesto una modificación sustancial de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal, otorga un tratamiento unitario a las acciones judiciales derivadas de la inobservancia de las reglas de la concurrencia en el mercado, así como las que regulan la publicidad. El legislador ha optado por una regulación homogénea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilícita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin así a la artificiosa distinción que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificación pretende, además, reforzar la legislación protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificación de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores. Dicha reforma, que ha supuesto una modificación sustancial de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal, otorga un tratamiento unitario a las acciones judiciales derivadas de la inobservancia de las reglas de la concurrencia en el mercado, así como las que regulan la publicidad. El legislador ha optado por una regulación homogénea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilícita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin así a la artificiosa distinción que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificación pretende, además, reforzar la legislación protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificación de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores.El legislador ha optado por una regulación homogénea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilícita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin así a la artificiosa distinción que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificación pretende, además, reforzar la legislación protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificación de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores. Más información

Eutanasia, cuidados paliativos, testamento vital, autonomía del paciente, derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, son cuestiones que configuran el marco argumental que delimita la aproximación realizada por el autor a una cuestión tan controvertida, en las sociedades modernas, como es el del derecho a la vida y, en su caso, a una muerte digna.Resulta inevitable la confluencia del Derecho junto a la Ciencia, la Moral, la Ética, la Deontología y la Religión, a la par que la necesaria armonización de cualesquiera valores que de ellas provengan. En este sentido, el Derecho está obligado a la juridificación de cualesquiera criterios éticos o científicos. Dicha reflexión es realizada por el autor sobre la base de la reciente Ley andaluza 2/2010, de 8 de abril, sobre Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.Resulta inevitable la confluencia del Derecho junto a la Ciencia, la Moral, la Ética, la Deontología y la Religión, a la par que la necesaria armonización de cualesquiera valores que de ellas provengan. En este sentido, el Derecho está obligado a la juridificación de cualesquiera criterios éticos o científicos. Dicha reflexión es realizada por el autor sobre la base de la reciente Ley andaluza 2/2010, de 8 de abril, sobre Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Más información

El protagonista de esta novela en la que el autor se adentra por primera vez en el terreno de lo fantástico es el doctor Anselmo, un personaje extravagante. El narrador del relato está asombrado con el laboratorio del doctor Anselmo cuando tiene el honor de visitarlo, pero también tiene que confesar que, mezclado al asombro, siente cierto terror. Se consuela con el hecho de que el hombre frente a él es de las personas más afables e inofensivas que jamás ha conocido, fuera de toda sospecha en cuanto a cualquier acusación de nigromancia o de profesar las endiabladas artes de la antigüedado al menos eso piensa. Irónica, misteriosa, original y aun hilarante en ocasiones, esta novela es un ejemplo del genio y la imaginación del gran autor español Benito Pérez Galdós.Se consuela con el hecho de que el hombre frente a él es de las personas más afables e inofensivas que jamás ha conocido, fuera de toda sospecha en cuanto a cualquier acusación de nigromancia o de profesar las endiabladas artes de la antigüedado al menos eso piensa. Irónica, misteriosa, original y aun hilarante en ocasiones, esta novela es un ejemplo del genio y la imaginación del gran autor español Benito Pérez Galdós. Más información

La presente Serie Administrativa analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La complejidad jurídica inherente a lo que se ha dado en llamar Derecho de extranjería, se manifiesta también en la profusión de reformas legislativas y reglamentarias operadas en nuestro ordenamiento. Como reciente expresión de este continuo proceso de renovación, ha visto la luz el nuevo reglamento de extranjería (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril). Más información

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar el nuevo régimen relativo al procedimiento de disolución y liquidación que la Ley de Sociedades de Capital introduce. Según se pone de manifiesto en la exposición de motivos del RD Leg. 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la LSC, uno de los objetivos prioritarios que se pretendía alcanzar era la debida armonización entre las distintas sociedades de capital en lo relativo al procedimiento de disolución y liquidación. Para ello, se toma como base para la regulación general de la LSC la LSRL de 1995, respetando algunas de las singularidades que incluía la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, pues aquél constituía un régimen más completo y ágil que el establecido en la LSA. A la hora de abordar el estudio de las causas de disolución, cabe destacar que en el presente trabajo se ha seguido la novedosa sistemática que introduce la LSC, que agrupa las causas de disolución en torno a los distintos modos de operar. Así, se dedica una sección a la disolución de pleno derecho; otra a la disolución por acuerdo de la junta, y finalmente una tercera a las causas que requieren de constatación por parte de la junta general o en su defecto por la autoridad jurisdiccional. Por el contrario, en relación con el procedimiento de liquidación, lamentablemente la LSC mantiene en gran parte separado el régimen de la sociedad anónima respecto del de la sociedad de responsabilidad limitada, aunque sí extiende al ámbito de las sociedades anónimas la solución sobre activo y pasivo sobrevenido que preveía la citada LSRL, lo que permite adoptar la tesis de la disolución formal también en el ámbito de la sociedad anónima.A la hora de abordar el estudio de las causas de disolución, cabe destacar que en el presente trabajo se ha seguido la novedosa sistemática que introduce la LSC, que agrupa las causas de disolución en torno a los distintos modos de operar. Así, se dedica una sección a la disolución de pleno derecho; otra a la disolución por acuerdo de la junta, y finalmente una tercera a las causas que requieren de constatación por parte de la junta general o en su defecto por la autoridad jurisdiccional. Por el contrario, en relación con el procedimiento de liquidación, lamentablemente la LSC mantiene en gran parte separado el régimen de la sociedad anónima respecto del de la sociedad de responsabilidad limitada, aunque sí extiende al ámbito de las sociedades anónimas la solución sobre activo y pasivo sobrevenido que preveía la citada LSRL, lo que permite adoptar la tesis de la disolución formal también en el ámbito de la sociedad anónima.Por el contrario, en relación con el procedimiento de liquidación, lamentablemente la LSC mantiene en gran parte separado el régimen de la sociedad anónima respecto del de la sociedad de responsabilidad limitada, aunque sí extiende al ámbito de las sociedades anónimas la solución sobre activo y pasivo sobrevenido que preveía la citada LSRL, lo que permite adoptar la tesis de la disolución formal también en el ámbito de la sociedad anónima. Más información

La presente Serie Laboral analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales y materiales de la defensa, facilitando, además, el material necesario para su ejercicio: comentarios, legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La falta de recursos económicos que se produce cuando el trabajador, como consecuencia de una enfermedad o de un accidente, se encuentra imposibilitado temporalmente para trabajar, precisando asistencia sanitaria de la Seguridad Social, constituye la contingencia que cubre la prestación económica por incapacidad temporal.Constituye el objeto de esta obra el análisis, tanto material como procesal, de la protección que el sistema de la Seguridad Social presta a los trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal para trabajar j que, como consecuencia de la suspensión de la relación laboral, que la declaración de tal situación produce, han dejado de percibir sus salarios, precisando asimismo de una asistencia sanitaria por la Seguridad Social, debido a la alteración de salud que provoca la mencionada situación. Esta nueva edición ha sido revisada y adaptada a las reformas derivadas de la nueva Oficina Judicial (LO 1/2009 Y Ley 21/2009).Constituye el objeto de esta obra el análisis, tanto material como procesal, de la protección que el sistema de la Seguridad Social presta a los trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal para trabajar j que, como consecuencia de la suspensión de la relación laboral, que la declaración de tal situación produce, han dejado de percibir sus salarios, precisando asimismo de una asistencia sanitaria por la Seguridad Social, debido a la alteración de salud que provoca la mencionada situación. Esta nueva edición ha sido revisada y adaptada a las reformas derivadas de la nueva Oficina Judicial (LO 1/2009 Y Ley 21/2009). Más información