Profesionales y Técnicos

La obra que ahora presentamos, bajo el título «Diligencias de instrucción, entrada y registro, intervención de comunicaciones, valoración y revisión de pruebas en vía de recursos», es el tercer y último volumen de los «Estudios sobre prueba penal», impulsados desde el Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE-URL. Durante casi cuatro años un equipo de investigadores integrado por Magistrados y Profesores Universitarios expertos en Derecho Procesal Penal ha ido reflexionando sobre los temas más candentes en prueba penal y elaborando sus estudios doctrinales que han sido debatidos en sesiones de investigación.  Más información

La presente colección de Acciones Civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ha modificado el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad, con el objeto de garantizar el interés privado y mercantil de los empresarios y profesionales que participan en el mercado y, en definitiva, mejorar la protección de los consumidores y usuarios. Dicha reforma, que ha supuesto una modificación sustancial de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal, otorga un tratamiento unitario a las acciones judiciales derivadas de la inobservancia de las reglas de la concurrencia en el mercado, así como las que regulan la publicidad. El legislador ha optado por una regulación homogénea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilícita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin así a la artificiosa distinción que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificación pretende, además, reforzar la legislación protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificación de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores.La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ha modificado el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad, con el objeto de garantizar el interés privado y mercantil de los empresarios y profesionales que participan en el mercado y, en definitiva, mejorar la protección de los consumidores y usuarios. Dicha reforma, que ha supuesto una modificación sustancial de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal, otorga un tratamiento unitario a las acciones judiciales derivadas de la inobservancia de las reglas de la concurrencia en el mercado, así como las que regulan la publicidad. El legislador ha optado por una regulación homogénea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilícita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin así a la artificiosa distinción que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificación pretende, además, reforzar la legislación protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificación de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores. Dicha reforma, que ha supuesto una modificación sustancial de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal, otorga un tratamiento unitario a las acciones judiciales derivadas de la inobservancia de las reglas de la concurrencia en el mercado, así como las que regulan la publicidad. El legislador ha optado por una regulación homogénea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilícita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin así a la artificiosa distinción que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificación pretende, además, reforzar la legislación protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificación de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores.El legislador ha optado por una regulación homogénea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilícita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin así a la artificiosa distinción que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificación pretende, además, reforzar la legislación protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificación de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores. Más información

La presente Serie Laboral analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales y materiales de la defensa, facilitando, además, el material necesario para su ejercicio: comentarios, legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La falta de recursos económicos que se produce cuando el trabajador, como consecuencia de una enfermedad o de un accidente, se encuentra imposibilitado temporalmente para trabajar, precisando asistencia sanitaria de la Seguridad Social, constituye la contingencia que cubre la prestación económica por incapacidad temporal.Constituye el objeto de esta obra el análisis, tanto material como procesal, de la protección que el sistema de la Seguridad Social presta a los trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal para trabajar j que, como consecuencia de la suspensión de la relación laboral, que la declaración de tal situación produce, han dejado de percibir sus salarios, precisando asimismo de una asistencia sanitaria por la Seguridad Social, debido a la alteración de salud que provoca la mencionada situación. Esta nueva edición ha sido revisada y adaptada a las reformas derivadas de la nueva Oficina Judicial (LO 1/2009 Y Ley 21/2009).Constituye el objeto de esta obra el análisis, tanto material como procesal, de la protección que el sistema de la Seguridad Social presta a los trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal para trabajar j que, como consecuencia de la suspensión de la relación laboral, que la declaración de tal situación produce, han dejado de percibir sus salarios, precisando asimismo de una asistencia sanitaria por la Seguridad Social, debido a la alteración de salud que provoca la mencionada situación. Esta nueva edición ha sido revisada y adaptada a las reformas derivadas de la nueva Oficina Judicial (LO 1/2009 Y Ley 21/2009). Más información

La presente colección de procedimientos fiscales analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos, facilitando, además, el material necesario para el ejercicio profesional: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. Esta obra se ocupa del régimen tributario de las operaciones vinculadas. Como es sabido, la Ley de Prevención del Fraude llevó a cabo una modificación muy relevante del art. 16 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, TRLJS con la clara finalidad de intentar atajar el vaciamiento de las bases imponibles españolas mediante la utilización de precios de transferencia por parte de grupos multinacionales. Nos encontramos ante una de las cuestiones centrales en la regulación del Impuesto sobre Sociedades que ha supuesto, además, importantes y nuevos deberes de documentación conllevando un incremento en la complejidad que requiere el cumplimiento de tales obligaciones formales.Esta obra se ocupa del régimen tributario de las operaciones vinculadas. Como es sabido, la Ley de Prevención del Fraude llevó a cabo una modificación muy relevante del art. 16 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, TRLJS con la clara finalidad de intentar atajar el vaciamiento de las bases imponibles españolas mediante la utilización de precios de transferencia por parte de grupos multinacionales. Nos encontramos ante una de las cuestiones centrales en la regulación del Impuesto sobre Sociedades que ha supuesto, además, importantes y nuevos deberes de documentación conllevando un incremento en la complejidad que requiere el cumplimiento de tales obligaciones formales.Nos encontramos ante una de las cuestiones centrales en la regulación del Impuesto sobre Sociedades que ha supuesto, además, importantes y nuevos deberes de documentación conllevando un incremento en la complejidad que requiere el cumplimiento de tales obligaciones formales. Más información

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La presente colección de acciones penales analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales y materiales de la defensa, facilitando, además, el material necesario para su ejercicio: comentarios, legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios específicos. La presente obra se configura como un instrumento útil de trabajo para abogados y de referencia para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general. Incluye jurisprudencia reciente sobre aquellas cuestiones que están muy relacionadas con el delito de atentado en sus distintas modalidades: acometimiento, empleo de fuerza, resistencia grave e intimidación.   Más información

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La presente colección de Acciones Civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. En este título se examina el acto de audiencia previa en el juicio ordinario, regulado en los artículos 414 a 430 LEC, y cuyas finalidades procesales son: la de intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin  al proceso (función conciliadora); la de examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución del mismo y a su terminación mediante sentencia sobre su objetivo (función conciliadora); la de fijar con precisión el objeto del litigio y los extremos de hecho o de derecho sobre los que exista controversia entre las partes (función de la prueba (función preparatoria del juicio oral).  Más información

Definir la transparencia iusinformativa, identificarla como un bien jurídico deseable y aplicarla al poderoso sector audiovisual español han sido objetivos de esta obra. Un ejercicio estricto de abstracción y un esfuerzo exegético concienzudo han generado un estudio teórico, en este caso, que permite deducir las obligaciones y compromisos que gravan al sector, en relación con las audiencias, con los inversores y con las autoridades administrativas y políticas. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los distintos Registros Públicos y los Ministerios con competencias en el sector audiovisual rivalizan por obtener unos datos que los operadores desean ocultar.Los deberes legales de las empresas audiovisuales cotizadas superan con creces los gravámenes de las empresas no cotizadas. El buen gobierno corporativo traslada, en este último caso, al terreno de la responsabilidad social corporativa la respuesta empresarial a la demanda cívica de acceso a información y de transparencia. El deber de informar con antelación de los contenidos ofertados, de las inversiones de los operadores, de las ayudas públicas recibidas y de las compensaciones, de la titularidad de las acciones, de las operaciones societarias, de los acuerdos entre empresas, de la compra de contenidos y de las condiciones de su adquisición y de la concentración empresarial es una exigencia iusinformativa abordada por una legislación dispersa y deficiente a la que, aquí, se pone en orden y se interpreta sistemáticamente.Los deberes legales de las empresas audiovisuales cotizadas superan con creces los gravámenes de las empresas no cotizadas. El buen gobierno corporativo traslada, en este último caso, al terreno de la responsabilidad social corporativa la respuesta empresarial a la demanda cívica de acceso a información y de transparencia. El deber de informar con antelación de los contenidos ofertados, de las inversiones de los operadores, de las ayudas públicas recibidas y de las compensaciones, de la titularidad de las acciones, de las operaciones societarias, de los acuerdos entre empresas, de la compra de contenidos y de las condiciones de su adquisición y de la concentración empresarial es una exigencia iusinformativa abordada por una legislación dispersa y deficiente a la que, aquí, se pone en orden y se interpreta sistemáticamente. Más información