Derecho

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    Compendio de derecho del trabajo

    Compendio de derecho del trabajo

    Sin existencias

    COP $ 161.000
    Esta Compendio constituye un manual de los contenidos sustanciales del Derecho del Trabajo en nuestro ordenamiento español. El régimen jurídico de las relaciones laborales se presenta cada vez más complejo. Complejidad en lo cuantitativo, a la vista del enorme incremento del aparato normativo a resultas del cada vez más elevado número de reglas que se integran en su seno, con vistas a proporcionar una regulación diferenciada de las múltiples formas de empleo en nuestro mercado de trabajo. Complejidad en lo cualitativo, por cuanto que la división del poder normativo a diversos ámbitos (internacional, europeo, nacional, autonómico, sectorial, empresarial e incluso individual), provoca unas relaciones de concurrencia entre los diversos autores de las fuentes del Derecho y de las obligaciones en lo laboral. A tenor de ello, con este Compendio se ha buscado un equilibrio razonable entre dos objetivos. Por un lado, una dimensión ajustada y no desbordada de la información que se proporciona al lector, que resulte comprensible y asimilable. Por otro lado, un equilibrio entre la exposición de los elementos conceptuales y contextuales de las instituciones objeto de análisis, junto a la aportación de la descripción informativa de la legislación laboral vigente.Complejidad en lo cualitativo, por cuanto que la división del poder normativo a diversos ámbitos (internacional, europeo, nacional, autonómico, sectorial, empresarial e incluso individual), provoca unas relaciones de concurrencia entre los diversos autores de las fuentes del Derecho y de las obligaciones en lo laboral. A tenor de ello, con este Compendio se ha buscado un equilibrio razonable entre dos objetivos. Por un lado, una dimensión ajustada y no desbordada de la información que se proporciona al lector, que resulte comprensible y asimilable. Por otro lado, un equilibrio entre la exposición de los elementos conceptuales y contextuales de las instituciones objeto de análisis, junto a la aportación de la descripción informativa de la legislación laboral vigente.Por otro lado, un equilibrio entre la exposición de los elementos conceptuales y contextuales de las instituciones objeto de análisis, junto a la aportación de la descripción informativa de la legislación laboral vigente. Más información

  2. La ley de la jurisdicción social

    COP $ 72.000
    La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, ordenó al Gobierno que en el plazo de seis meses aprobara un proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995, indicando además que dicha reforma debía contemplar «la atribución al orden jurisdiccional social, entre otras cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la Autoridad laboral en los procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales, reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores». Fruto de ese encargo es la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, cuya voluntad innovadora se pone de relieve en la derogación expresa del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral -del que Editorial Tecnos llegó a publicar dieciocho ediciones-y en la sustitución de esta clásica denominación por otra diferente. La presente edición, profusamente anotada y concordada, incluye las importantes modificaciones introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.Fruto de ese encargo es la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, cuya voluntad innovadora se pone de relieve en la derogación expresa del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral -del que Editorial Tecnos llegó a publicar dieciocho ediciones-y en la sustitución de esta clásica denominación por otra diferente. La presente edición, profusamente anotada y concordada, incluye las importantes modificaciones introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.La presente edición, profusamente anotada y concordada, incluye las importantes modificaciones introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Más información
  3. Teoría del derecho: una concepción de la ex...

    COP $ 119.000
    Esta Teoría del derecho se concibe como Una concepción de la experiencia jurídica y, como tal, de la peculiar y personal respuesta de sus autores al cúmulo de temas, interrogantes y orientaciones que, convencionalmente, pueden incluirse bajo ese rótulo disciplinar. La obra pretende ser un interlocutor para los alumnos que inician los estudios de derecho, a los que desea informar y orientar sobre el status quaestionis de los principales problemas teórico-jurídicos e incitarles a proseguir y profundizar en su estudio. Para ello se ha buscado la máxima claridad expositiva. En aras también de esos presupuestos pedagógicos se ha recurrido, a veces, a casos o ejemplificaciones. Los autores de esta Teoría del derecho no comparten la actitud resignada que concibe la lucha por el derecho justo como un ideal quimérico sin sentido. Estiman, por el contrario, que la experiencia de la instrumentalización del derecho para el logro de objetivos inicuos no invalida, sino que estimula y apremia, el esfuerzo por vincular el derecho a aquellos valores que deben informar los sistemas normativos sociales para hacerlos dignos de los seres humanos. Los autores de esta Teoría del derecho no comparten la actitud resignada que concibe la lucha por el derecho justo como un ideal quimérico sin sentido. Estiman, por el contrario, que la experiencia de la instrumentalización del derecho para el logro de objetivos inicuos no invalida, sino que estimula y apremia, el esfuerzo por vincular el derecho a aquellos valores que deben informar los sistemas normativos sociales para hacerlos dignos de los seres humanos.  Más información
  4. Comentarios a la lay de propiedad intelectual

    COP $ 1.185.000

    Han transcurrido diez años desde la publicación de la segunda edición de estos Comentarios a nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Aquella edición estuvo marcada por la entonces reciente aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta tercera edición coincide en el tiempo con tres recientes modificaciones de la Ley, de muy diversa envergadura: las derivadas respectivamente de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial; de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Las dos primeras Leyes trasponen a nuestro Derecho la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, y la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

    La tercera Ley traspone tardíamente a nuestro Derecho una disposición concreta, el artículo 5.º1 de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, que nuestro legislador había dejado en su día sin cumplimentar a la hora de trasponer aquélla. También hay que destacar, como novedad frente a la edición anterior, la modificación introducida por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo, sobre la protección jurídica de bases de datos.

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